Más de la mitad de las empresas cripto registradas en Francia corren el riesgo de ser obligadas a cerrar antes del 1 de julio, mientras la AMF advierte de listas negras y procesos judiciales para los operadores no autorizados.
El regulador financiero de Francia comunicó a unas 90 empresas de criptomonedas que operan bajo registros anteriores que deben obtener la autorización completa de Mercados de Criptoactivos (MiCA) antes del 30 de junio o enfrentarse a listas negras, procesos judiciales y la salida forzosa del país.
"Es cada vez más urgente finalizar las solicitudes de licencia", declaró Marie-Anne Barbat-Layani, presidenta de la Autorité des Marchés Financiers (AMF), a periodistas el jueves. Las empresas que no obtengan la autorización deben contar con "planes de liquidación ordenada" para transferir clientes y cesar operaciones, señaló.
De las aproximadamente 90 entidades registradas como proveedores de servicios de activos digitales en Francia que carecían de autorización MiCA hasta enero, solo el 30% había presentado una solicitud. Un 40% afirmó que no tiene intención de solicitarla en absoluto, y el 30% restante no respondió a las consultas de la AMF, según el regulador. A partir del 1 de julio, solo las empresas que posean la autorización MiCA completa como proveedores de servicios de criptoactivos podrán operar en Francia.
El plazo crea un escenario binario para el mercado cripto francés: las empresas que obtengan la autorización MiCA consiguen un pasaporte para ofrecer servicios en los 27 Estados miembros de la UE con una sola licencia, mientras que las que no lo hagan se enfrentan a acciones legales. La AMF también ha señalado que podría impugnar los derechos de pasaporte vinculados a licencias emitidas por otros países de la UE si discrepa de cómo se concedieron esas autorizaciones, lo que eleva el riesgo de fragmentación regulatoria dentro del bloque.
Francia ha estado actualizando su marco legal para alinearse con MiCA durante el último año, promulgando la Ordenanza 2024-936 en octubre de 2024 y el Decreto 2025-169 en febrero de 2025. Para los nuevos participantes, la autorización MiCA completa es obligatoria desde el 30 de diciembre de 2024. El plazo del 30 de junio se aplica específicamente a los operadores anteriores registrados previamente bajo el marco PSAN de Francia.
La acción de la AMF se alinea con las directrices de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), que ha estado coordinando las expectativas entre los Estados miembros de la UE para garantizar una aplicación coherente del período transicional. La ESMA ya había advertido anteriormente a las empresas sin autorización MiCA que prepararan planes de liquidación si tenían intención de cesar operaciones dentro del bloque.
Las tensiones aumentan entre los Estados miembros de la UE sobre cómo se aplican las normas MiCA. Las aprobaciones de licencias en Malta atrajeron el escrutinio el año pasado después de que algunos funcionarios europeos cuestionaran si los estándares se estaban aplicando de manera consistente. Barbat-Layani afirmó que Francia consideraría bloquear los derechos de pasaporte vinculados a licencias emitidas por otros países de la UE si los reguladores franceses discreparan de cómo se concedieron esas autorizaciones, aunque describió tal medida como un "grave fracaso colectivo" entre los reguladores europeos.
Este impulso regulatorio se produce mientras las autoridades europeas completan el despliegue de MiCA, considerado ampliamente como uno de los marcos regulatorios de criptomonedas más completos del mundo. Las normas establecen requisitos que abarcan la protección del consumidor, las tenencias de reservas para stablecoins, las obligaciones de transparencia y los estándares operativos para los proveedores de servicios cripto. El marco fue adoptado formalmente en 2023 y se aceleró tras el colapso de FTX en 2022, que desencadenó pérdidas de miles de millones de dólares para los clientes.
Varias grandes empresas cripto ya han obtenido aprobaciones relacionadas con MiCA o han presentado solicitudes en países como Francia, Alemania e Irlanda, mientras las compañías buscan preservar el acceso a los clientes europeos. Ejecutivos del sector y analistas legales han afirmado que MiCA podría reconfigurar la forma en que las empresas cripto estructuran sus operaciones en Europa, aumentando los costos de cumplimiento normativo y, al mismo tiempo, creando un marco legal más claro para los inversores institucionales que ingresan al sector de activos digitales.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.