El vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, emitió una severa advertencia sobre los riesgos que plantean las stablecoins, argumentando que su estructura crea vulnerabilidades para la estabilidad financiera y abre vías para el lavado de dinero. En comentarios preparados para la Federalist Society, Barr enfatizó la necesidad de una regulación robusta a medida que crece el mercado.
“La calidad y la liquidez de los activos de reserva de las stablecoins son críticas para su viabilidad a largo plazo”, dijo Barr. “Al mismo tiempo, los emisores de stablecoins tienen un incentivo para maximizar los rendimientos de sus activos de reserva asumiendo tanto riesgo como el mercado tolere”.
La advertencia llega cuando la capitalización de mercado total de las stablecoins se sitúa en aproximadamente 162.000 millones de dólares, según datos de DefiLlama, con actores principales como Tether (USDT) y Circle (USDC) dominando el mercado. La preocupación de Barr se centra en el potencial de una corrida sobre estos activos si los inversores pierden la confianza en la calidad de las reservas, lo que podría tener un efecto en cascada en el sistema financiero en general. Trazó un paralelo con las corridas bancarias históricas sobre el dinero privado, sugiriendo que las stablecoins son una iteración moderna del mismo riesgo.
Los comentarios de Barr sugieren fuertemente que la Reserva Federal abogará por un marco regulatorio estricto que exija a los emisores de stablecoins mantener activos líquidos de alta calidad como reservas en una proporción de 1 a 1. Esto podría impactar significativamente los modelos de negocio de los emisores actuales, comprimiendo potencialmente su rentabilidad y obligando a cambios operativos importantes. El aumento del escrutinio regulatorio en los EE. UU., el mercado financiero más grande del mundo, podría provocar una “fuga hacia la calidad”, beneficiando a los emisores que ya se adhieren a una gestión de reservas más conservadora, mientras genera incertidumbre para otros. El siguiente paso implica la colaboración entre las agencias reguladoras de EE. UU. para formular y proponer reglas concretas, un proceso que podría acelerarse en los próximos meses.
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